Las libertades de circulación económica que atañen a las personas (como contraposición a las relativas a las mercancías y al capital) son tres:
- libre circulación de trabajadores: ver en particular el art. 39 del Tratado de la Comunidad Europea;
- derecho de establecimiento: ver en particular los arts. 43, 45 y 46 TCE; y
- libre prestación (y recepción) de servicios: ver en particular los arts. 49, 50 y 55 TCE.
En esta materia existe una clara diferencia entre los europeos (A) y los nacionales de terceros Estados (B); los extranjeros que son familiares de un ciudadano europeo ocupan una posición intermedia (C).
A) Los ciudadanos europeos
A.1. Libre circulación
Todos los ciudadanos europeos poseen el derecho a la libre circulación entre los Estados que forman
¿Hay alguna diferencia entre viajar a otro Estado miembro por un período inferior o superior a tres meses?
¿Se necesita visado? Por cierto, ¿qué es un visado? ¿En qué se diferencia de un pasaporte? ¿Qué aspecto tiene?
¿Se necesita un permiso de residencia para viajar a otro Estado miembro? ¿Por qué?
A.2. El requisito de poseer medios de vida
La regla general consiste en que el europeo que se instala en un país de
¿Por qué?
Se entiende que cumple ese requisito cuando ejerce una actividad económica:
- si es por cuenta ajena, rige la libre circulación de trabajadores;
- si por cuenta propia, el derecho de establecimiento.
¿Y si no ejerce una actividad económica? Existen normas específicas para distintos supuestos, como por ejemplo un jubilado o un estudiante. Pero ¿qué pensar de una persona que se desplaza a otro Estado miembro para buscar un empleo?
B) Los nacionales de terceros Estados
Los nacionales de Estados que no son miembros de
Estos permisos los decide cada Estado miembro, en desarrollo de su competencia para fijar su propia política migratoria.
- la que regula el estatuto de los residentes extranjeros de larga duración: Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre 2003; su plazo de transposición venció el 23 de enero de 2006;
- la que rige el derecho a la reagrupación familiar: Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, cuyo plazo de transposición expiró el 3 de octubre de 2005.
C) Los familiares de ciudadanos europeos
Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de ningún Estado miembro gozan del mismo derecho a la libre circulación que el ciudadano al que acompañan, con matices.
Pueden verse sujetos a la obligación de obtener un visado, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 539/2001. Asimismo, deben obtener un «permiso de residencia de familiar de un ciudadano de
¿Quiénes son familiares a estos efectos? (Leer el art. 2.2 de
Es de interés anotar que ni el fallecimiento del ciudadano de
Una buena introducción es ofrecida en las fichas de síntesis de la Comisión sobre Schengen.
Para no confundirse, es preciso tener en cuenta que el “espacio Schengen”, hoy englobado en el “espacio de libertad, seguridad y justicia”, ha sido formado en tres momentos distintos:
1- mediante acuerdos internacionales entre algunos Estados miembros, pero al margen de la entonces Comunidad Europea: 1985-1992;
2- como tercer pilar (JAI) de
3- como cooperación reforzada dentro del pilar comunitario de
En la primera etapa se celebraron el Acuerdo de Schengen (1985) y su Convenio de aplicación (1990), que estaba previsto que entrase en funcionamiento en 1995; finalmente, inició su aplicación en marzo de 1997.
En la segunda etapa hubo cambios institucionales y de terminología, poco importantes si uno no se deja confundir. El acto más importante consistió en la fisión del “acervo Schengen” entre: A) las disposiciones que corresponden al Derecho comunitario (fronteras, inmigración y asilo) y B) las que siguen formando parte del tercer pilar (cooperación en materia penal, tanto por parte de la policía como de la justicia): se plasma en la enrevesada Decisión 1999/435/CE, del Consejo, de 20 de mayo de 1999.
En la etapa actual, iniciada con la entrada en vigor de las reformas introducidas por el Tratado de Ámsterdam (1997) el 1demayode 1999, se aprecia una progresiva sustitución de las disposiciones del acervo Schengen por actos legislativos de
- el Código de fronteras Schengen, aprobado por Reglamento (CE) n° 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario relativo al régimen de cruce de fronteras por las personas;
- las normas sobre el examen de las solicitudes de asilo, inicialmente recogidas en el Convenio de Dublín, sustituido en 2003 por el Reglamento vigente que, por eso, es conocido como el Reglamento Dublín II (Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003);
- el diseño del nuevo sistema de información de Schengen (SIS II), reglamentado ahora por el Derecho comunitario: Reglamento (CE) n° 2424/2001 del Consejo, de 6 de diciembre de 2001, sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II); y Decisión 2001/886/JAI, del Consejo, de 6 de diciembre de 2001, modificada por Decisión 2006/1007/JAI, de 21 de diciembre de 2006.
II. El mercado europeo (diciembre – abril)
13. La libre circulación de personas. Libertades de establecimiento y de servicios.
J 27 marzo (1 y 2); L 31 marzo
14. El espacio Schengen. La inmigración.
J 3 abril (1 y 2)
15. La libre circulación de capitales. La integración financiera.
L 7 abril, J 10 abril (1)
16.La unión económica y monetaria. El euro.
J 10 abril (2), L 14 abril (1/2)
17.La libre competencia.
L 14 abril (2/2), J 17 abril (1)
18.La política agrícola común (PAC). La pesca. Energía y medio ambiente.
J 17 abril (2)
III. Principios jurídicos esenciales (abril – junio)
19. La tríada del poder político.
L 21 abril, J 24 abril (1)
20. El poder judicial: Tribunal de Justicia y Tribunales nacionales.
J 24 abril (2), L 28 abril
21. La vigencia inmediata y el efecto directo del Derecho comunitario.
L 5 mayo, J 8 mayo (1)
22. La responsabilidad por incumplimiento del Derecho comunitario.
J 8 mayo (2)
23. La protección de los derechos fundamentales.
L 12 mayo, L 19 mayo
24. El Derecho comunitario y España.
L 26 mayo, J 29 mayo (1 y 2)
Repaso general: L 2 junio
Examen de junio: M 10 junio, 8 horas; L 30 junio, 17 h.
Examen de “Instituciones de Derecho comunitario”
Formato: una hora, con textos legales, para responder:
A) tres preguntas, una de cada parte del programa, y
B) un problema.
A) Preguntas posibles:
I. Conceptos básicos
II. El mercado europeo
III. Principios jurídicos esenciales
1. ¿Por qué es importante precisar la “base jurídica” de los actos que adoptan las instituciones europeas?
2. Enumera algunas reglas y principios básicos que rigen los procedimientos de aprobación de los actos comunitarios y su forma. ¿Son publicados oficialmente?
3. ¿Cuál es la función del Tribunal de Justicia? ¿Cuáles son sus principales competencias?
4. ¿En qué consiste la cuestión prejudicial comunitaria?
5. ¿Qué significa que los Tribunales nacionales son juez del Derecho comunitario?
6. ¿En qué se diferencia el efecto directo de las normas comunitarias de su vigencia o aplicabilidad inmediata? ¿Y de la primacía?
7. ¿Deben los Estados indemnizar los daños que causen al incumplir el Derecho comunitario? ¿Por qué?
8. ¿Debe respetar
B) Problemas:
1) Timex importa ordenadores portátiles, en dos tramos: A) Desde Taiwan hasta Hamburgo; B) Desde Hamburgo hasta Madrid.
Explica qué libertades y políticas comunitarias rigen cada uno de estos tramos (A y B). ¿Tiene la empresa que pagar derechos de aduana al importar los ordenadores en Hamburgo, en Madrid, en ambos tramos?
2) España, preocupada con los hábitos de sus consumidores, especialmente los jóvenes, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas cuya graduación sea superior a 15º e inferior a 40º: sólo se permite la comercialización de cervezas, vino o licores de verdad.
¿Respeta esta ley española el Derecho comunitario? ¿Por qué?
3) Ante el crecimiento del paro, España aprueba una modificación de
¿Respeta esta ley española el Derecho comunitario? ¿Por qué?
4) ¿Pueden los abogados franceses abrir un bufete en España? ¿Por qué?
¿Puede un banco francés abrir sucursales en España? ¿Por qué?
5) Abrir una cuenta corriente en un banco ¿es una actividad protegida por alguna libertad comunitaria? Explícalo.
Enumera las circunstancias que someterían esa operación al Derecho comunitario, en vez de ser considerada una situación puramente interna.
6) Una ley lituana prohíbe importar naranjas españolas. Una empresa valenciana nos pide consejo sobre cómo debe actuar para conseguir que la prohibición sea declarada contraria al Derecho comunitario: ¿puede impugnar la ley ante el Tribunal de Luxemburgo? ¿Ante
7) Un Reglamento comunitario impide que las empresas viticultoras vendan vinos espumosos con la denominación “Cremant”, salvo que hayan sido producidos en una región situada entre Francia y Luxemburgo.
¿Se puede impugnar esa norma comunitaria? ¿Ante qué Tribunal? ¿Se puede pedir la suspensión cautelar de sus efectos mientras se desarrolla el litigio?
8)
Tratado CEur:
TERCERA PARTE - POLÍTICAS DE LA COMUNIDAD
TÍTULO IX - POLÍTICA COMERCIAL COMÚN
Mediante el establecimiento entre sí de una unión aduanera, los Estados miembros se proponen contribuir, conforme al interés común, al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a la reducción de las barreras arancelarias.
La política comercial común tendrá en cuenta la incidencia favorable que la supresión de los derechos de aduana entre los Estados miembros pueda tener en el aumento de la capacidad competitiva de las empresas de dichos Estados.
1. Sin perjuicio de los compromisos contraídos por los Estados miembros en el marco de otras organizaciones internacionales, los regímenes de ayudas concedidas por los Estados miembros a las exportaciones hacia terceros países se armonizarán progresivamente, en la medida necesaria para evitar que se falsee la competencia entre las empresas de la Comunidad.
A propuesta de la Comisión, el Consejo adoptará, por mayoría cualificada, las directivas necesarias al respecto.
…
1. La política comercial común se basará en principios uniformes, particularmente por lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales, la consecución de la uniformidad de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las medidas de protección comercial, y, entre ellas, las que deban adoptarse en caso de dumping y subvenciones.
2. Para la ejecución de esta política comercial común, la Comisión presentará propuestas al Consejo.
3. En el caso de que deban negociarse acuerdos con uno o varios Estados u organizaciones internacionales, la Comisión presentará recomendaciones al Consejo, que la autorizará para iniciar las negociaciones necesarias. Corresponderá al Consejo y a la Comisión velar por que los acuerdos negociados sean compatibles con las políticas y normas internas de la Comunidad.
La Comisión llevará a cabo dichas negociaciones consultando a un Comité especial, designado por el Consejo para asistirla en dicha tarea y en el marco de las directrices que el Consejo pueda dirigirle. La Comisión informará periódicamente al Comité especial sobre la marcha de las negociaciones.
Serán aplicables las disposiciones pertinentes del artículo 300.
4. En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el presente artículo, el Consejo decidirá por mayoría cualificada.
…
6. El Consejo no podrá celebrar un acuerdo si incluye disposiciones que excedan de las competencias internas de la Comunidad, en particular por tener como consecuencia una armonización de las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros en un ámbito en que el presente Tratado excluya dicha armonización.
…
Con objeto de asegurar que la aplicación de las medidas de política comercial, adoptadas por cualquier Estado miembro de conformidad con el presente Tratado, no sea impedida por desviaciones del tráfico comercial, o cuando diferencias entre dichas medidas provoquen dificultades económicas en uno o varios Estados, la Comisión recomendará los métodos para la necesaria colaboración de los demás Estados miembros. Fallando esto, la Comisión podrá autorizar a los Estados miembros para que adopten las medidas de protección necesarias, en las condiciones y modalidades que ella determine.
En caso de urgencia, los Estados miembros solicitarán a la Comisión la autorización para adoptar directamente las medidas necesarias y ésta se pronunciará lo antes posible; a continuación, el Estado miembro de que se trate lo notificará a los demás Estados miembros. La Comisión podrá decidir en todo momento la modificación o supresión de dichas medidas por los Estados miembros afectados.
Deberán elegirse con prioridad las medidas que menos perturbaciones causen al funcionamiento del mercado común.
